“La justicia no posee los medios ni la inversión de la que gozan otras Administraciones del Estado”

0

Martin Aleñar, decano del Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB)

“La justicia no posee los medios ni la inversión de la que gozan otras Administraciones del Estado”

José María Sánchez

Nació en Barcelona, aunque es mallorquín por los cuatro costados. Su extensa carrera en el mundo de la abogacía (en la que lleva inmerso desde los años ochenta), le ha convertido con el tiempo en el decano del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB), del cual forma parte desde hace casi 30 años. Hablamos de Martín Aleñar Feliu (Barcelona, 1959), que vuelve a dar su opinión a “Manacor Comarcal” dos meses después de nuestro primer encuentro, para tratar con una mayor profundidad las secuelas que el coronavirus ha dejado en el sector judicial de Balears.

– Antes de todo, Martín, me gustaría que me describiera el ambiente que se respira en el ámbito judicial, una vez que esas medidas de relajación sanitarias se empezaron a implementar en el archipiélago balear.

– Durante las semanas posteriores al fin del confinamiento, la verdad es que hubo mucha incertidumbre, ya que no se sabía cómo se iban a celebrar los juicios, ni cómo se iban a distribuir los casos. Por suerte, cada una de las entidades judiciales relevantes de las islas colaboraron de manera muy estrecha durante esos meses, para así encontrar soluciones rápidas y efectivas a todos los interrogantes que se nos presentaban. Bajo mi punto de vista, ahora todo este asunto está más controlado, ya que la mayoría de los juicios se están ejecutando de manera presencial.

– ¿Cómo valora el trabajo de los profesionales de la abogacía durante estos meses tan difíciles?

– Pienso que la abogacía de nuestra comunidad se adaptó muy bien a esos meses tan complicados, atendiendo cada una de las situaciones que afectaban a los derechos fundamentales, y cumpliendo escrupulosamente con cada una de las guardias y de las asistencias de cualquier detenido, a pesar de que en los primeros días de confinamiento, muchos abogados se vieron obligados a trabajar sin mascarilla. En realidad, esta fue la única actividad de la abogacía durante esos tres meses de confinamiento, ya que el resto de la actividad judicial estaba parada, algo que bajo nuestro punto de vista fue un error, ya que ahora se han acumulado demasiados asuntos pendientes.

– ¿Se han registrado muchos casos judiciales vinculados a la crisis del Covid-19?

– Sí, de hecho hay muchísimos, de todo tipo además. Temas laborables, de jurisdicción civil, de arrendamientos… incluso impugnaciones de las sanciones que se impusieron durante el estado de alarma. Del mismo modo, para final de año prevemos una gran actividad en el juzgado de lo mercantil, ya que van a ser varias las empresas que pueden quebrar, especialmente una vez que la moratoria del Gobierno deje de tener su efecto.

– ¿Habéis notado algún repunte más en casos que no estén ligados con la Covid-19?

– Pues la verdad es que no, recuerdo que al inicio del confinamiento se habló mucho de la indefensión de las víctimas de la violencia machista, pero por suerte ese tipo de casos (y otros muchos) disminuyeron notablemente durante estos últimos meses. Esto de alguna manera demuestra que el incremento de casos pendientes en la justicia no tiene que ver con un aumento de los delitos durante el confinamiento, sino por el simple hecho de dejar la justicia bloqueada durante casi tres meses.

– En nuestro primer encuentro hace dos meses, usted ya alertó de la falta de inversiones y medios en la justicia, un hecho que hacía más fácil el colapso judicial que actualmente padecemos. ¿Piensa que estos meses han servido para hacer más visible esa falta de medios que padece la justicia en nuestro país?

– Sí, efectivamente, y por desgracia esto no es algo que digamos ahora. De hecho, la Abogacía del Estado lleva décadas denunciando esta situación. La justicia no posee los medios ni la inversión de la que gozan otras Administraciones del Estado, y eso ha provocado una sobrecarga de trabajo constante para muchos de los funcionarios judiciales. Bajo mi punto de vista, falta sobre todo inversión en toda la cuestión tecnológica. Y esto lo digo no solo para ir normalizando el teletrabajo, sino también para acelerar según que procesos judiciales, para los cuales muchos trabajadores de la justicia no tienen los medios tecnológicos suficientes.

– Desde hace más de un año, los sindicatos plantean una reforma del complemento de insularidad que permita atraer un mayor número de funcionarios judiciales a las islas. ¿Está usted de acuerdo con esta reforma?

– Por supuesto, aunque el complemento de insularidad tan solo es un factor más que puede decantar la balanza. Falta personal, faltan medios tecnológicos, incluso faltan más edificios en los que los trabajadores de la justicia puedan trabajar de la manera adecuada. El problema que hallamos en la justicia es que existe una carencia de todo, y eso no se soluciona de la noche a la mañana. Hacen falta medidas judiciales atrevidas y coherentes que empiecen a poner coto a esa falta de inversión y medios que padece la justicia española.

– Hace años que el ICAIB reivindica una mayor remuneración de los letrados. ¿Cree que una reclamación como esta se podrá materializar a corto o medio plazo, dado el contexto en el cual estamos?

– En este aspecto, tenemos una comisión que está trabajando desde el Consejo General de la Abogacía con el Ministerio de Justicia, que busca principalmente una actualización de los baremos vinculados a los profesionales de la abogacía. En la actualidad, un abogado de oficio que lleva todo un caso desde el principio hasta el final, aquí en Balears, está cobrando una media de 140 euros, algo que no sucede en muchas otras comunidades del país. Esta es una recaudación indigna por su trabajo, y más si hablamos de individuos sumamente preparados. Esto es algo en lo que también se está trabajando, y tenemos esperanza en que finalmente se llegue a un acuerdo, a pesar de que el contexto económico que nos rodea no es muy halagüeño.

– En los últimos meses (y también durante esta entrevista) se ha hablado mucho de la implantación del teletrabajo. ¿Hasta qué punto, según usted, se debería de implantar el teletrabajo si hablamos del ámbito judicial?

– Creo que es indudable que el teletrabajo va a acabar por implantarse de forma definitiva en el sector judicial, al igual que está sucediendo con otros trabajos. Pienso que esta herramienta va a ayudar a agilizar el trabajo, aunque esto no va a solucionar definitivamente la falta de medios que tenemos.

– ¿Piensa que a lo largo de la legislatura seremos testigos de alguna clase de acuerdo político destinado a dar más autonomía y medios al sistema judicial?

– Este es un tema del cual se ha debatido mucho en cualquier entidad vinculada a la justicia, la necesidad de un gran pacto de Estado por la modernización del sistema judicial. Por desgracia, el clima político que se vive actualmente no es muy favorable a un gran acuerdo entre partidos, aunque no perdemos la esperanza de que se produzca ese pacto en los próximos años. Por el momento, nosotros nos conformaríamos con que se tomara alguna clase de medida respecto a la falta de medios que padecemos desde hace años.

Deja una respuesta