“Algo estamos haciendo mal si el PIB no para de crecer y apenas se reduce el número de personas en riesgo de pobreza”

Entrevistar a Andreu Grimalt, director de EAPN Baleares, siempre es sinónimo de un encuentro productivo repleto de titulares. Apenas se extiende en sus respuestas, precisamente porque no lo necesita, ya que todo lo que dice es susceptible de ser el titular de turno. Cuando ya ha pasado más de medio año de nuestro último encuentro, Grimalt nos recibe para analizar la reciente regularización de migrantes, al mismo tiempo que hace un repaso a los datos más relevantes en materia de pobreza y exclusión social de los residentes de las Islas.

• Hace unas semanas denunciasteis unas supuestas directrices en ciertos ayuntamientos del archipiélago para no reforzar la atención a los migrantes que buscan regularizar su situación legal. ¿Cómo os llegó esa información?
• Más allá de que tenemos relación directa con trabajadores sociales de distintos municipios, hay que destacar que incluso trabajadores del propio Ayuntamiento de Palma publicaron un comunicado denunciando esto, afirmando que había la directriz de no reforzar las plantillas para un caso tan excepcional como el de la regularización de migrantes. En lo que respecta a Manacor, no tenemos constancia de que hayan existido problemas de este tipo en el Ajuntament de Manacor. No sé hasta qué punto influirá que en Manacor gobierne la izquierda, lo que suele presuponer una mayor sensibilidad hacia estos temas, o si existen más razones aparte de esta.
• ¿Qué os ha parecido esta regularización de migrantes? ¿Cómo afecta esta medida a Baleares?
• Nosotros defendemos este proceso, es una manera de reconocer derechos a personas que viven aquí pero que no pueden ejercer esos derechos de manera plena por no estar regularizados. Por otro lado, creo que es importante desmontar ciertos mantras que algunas instituciones y partidos han generado con esta medida. Por ejemplo, esta regularización no supone una mayor presión demográfica ni dificulta más el acceso a la vivienda, puesto que estas personas ya viven aquí. Asimismo, es bueno que un buen número de trabajadores que hasta hace nada trabajaban en la economía sumergida, ahora puedan trabajar de manera legal. Este proceso también facilita que estos trabajadores opten a mejores trabajos, e incluso, mejores viviendas. Igualmente, es falso que esta regularización tenga un efecto llamada, ya que se tiene que demostrar que has estado aquí antes del 31 de diciembre de 2025, con cinco meses de residencia y sin antecedentes penales. En resumen, se puede estar en contra de este proceso, pero se debe argumentar con datos reales y no con prejuicios que criminalizan a los migrantes.
• ¿Seguimos en torno a las 200.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social en las Islas?
• Sí, seguimos en una cifra similar a la de 2025. La tendencia a la baja que se registra desde el final de la covid se sigue manteniendo, bajando incluso un punto respecto al año pasado. Eso sí, ahora mismo, al menos 190.000 personas en Baleares están en riesgo de pobreza. Y digo al menos porque nuestro estudio solo cuenta a los hogares, y no tiene en cuenta la gente que vive en infraviviendas, asentamientos, caravanas o albergues. Por tanto, la situación es más complicada de lo que aparece en los números.
• La vivienda y los salarios son los grandes condicionantes que explican estos datos…
• Sin duda, y yo añadiría la falta de una redistribución de la riqueza. La vivienda es clave, ya que es la base en la que se asienta cualquier proyecto de vida digno. Los salarios también son importantes, ya que siguen existiendo muchos trabajadores pobres en las Islas. Y por último, es evidente que no hay una redistribución de la riqueza. El PIB no para de aumentar, ha crecido más de un 30% en las Islas en los últimos cinco años, mientras el índice de pobreza y exclusión social apenas se ha reducido un 5%. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal, ya que esa generación de la riqueza no llega a todo el mundo.
• ¿Ves al Govern con posibilidades de mejorar estos datos en este año de legislatura que queda?
• Ahora resulta difícil, sobre todo si tenemos en cuenta la deriva que ha tomado el PP en este último año. Creo que con este Govern han existido dos etapas muy diferentes. En la primera, de 2023 a 2025, se mantuvieron los pactos por la inclusión y hubo una cierta continuidad en políticas sociales consensuadas entre el Govern y entidades como la nuestra. No obstante, hace justo un año, el Govern entró en una nueva fase, tras el pacto para los Presupuestos del PP con la ultraderecha. A partir de ahí, el PP ha endurecido el acceso a prestaciones básicas, al mismo tiempo que ha apostado por una política de vivienda demasiado neoliberal, que hace que no llegue a familias normalizadas y mucho menos a colectivos vulnerables. Además, las ventajas fiscales solo van dirigidas a las clases medias y altas, lo que demuestra que, a lo largo de este último año, el Govern ha tomado una dirección contraria a la que nosotros defendemos.
• Imagino entonces que la relación entre el Govern y EAPN no ha cambiado en los últimos meses…
• Pues no. Es verdad que el Govern va cumpliendo algunos de sus compromisos con las entidades sociales, como la financiación, pero han endurecido mucho tanto el mensaje como la acción política, y eso nosotros lo respetamos pero no lo compartimos.
• ¿Tiene EAPN Baleares algún proyecto entre manos que quieras destacar?
• Dentro de esos pactos para la inclusión, uno de los acuerdos era lanzar una campaña contra la aporofobia. Hace un par de meses se presentó este proyecto al Govern pero la falta de una relación sólida entre las partes dificultó la difusión. Por este motivo, ahora estamos hablando con las administraciones para que esta iniciativa salga adelante, lo que resulta bastante paradójico, si tenemos en cuenta las políticas del Govern con los más desfavorecidos. Por otro lado, también tenemos otro proyecto, en colaboración con la UIB, en el que se hace un recuento de las personas sin hogar en las Islas. Este estudio servirá para tener una fotografía clara de esta problemática, pero también para concienciar sobre este problema a la ciudadanía y conseguir que las administraciones desarrollen políticas para que el derecho a la vivienda no quede en papel mojado.