Noelia Hernández
Directora de Fundació Trobada
Hay algo que debería preocuparnos más allá de los resultados electorales o las diferencias ideológicas: la facilidad con la que estamos empezando a decidir quién merece nuestra comprensión, nuestra ayuda o, incluso, nuestra consideración como ser humano.
Desde mi experiencia al frente de un recurso de atención a personas en situación de sinhogarismo, he aprendido que detrás de cada situación de vulnerabilidad existe una historia que difícilmente cabe en una etiqueta. Hay personas migrantes y personas nacidas aquí. Personas con problemas de salud mental, con adicciones, con antecedentes delictivos, con trayectorias laborales estables o marcadas por la precariedad. Personas que han cometido errores y otras que, sencillamente, han visto cómo sus circunstancias terminaban por desbordarlas.
Y también hay quienes, sin presentar ninguna otra problemática social, se encuentran en situación de exclusión residencial porque no pueden acceder a una vivienda.
En Mallorca, la dificultad para encontrar un hogar ya no afecta únicamente a quienes tienen pocos recursos económicos. Incluso disponer de un buen salario puede resultar insuficiente ante la escasez de vivienda disponible. Una realidad que contribuye a la aparición de asentamientos y situaciones de infravivienda, y que nos recuerda que la vulnerabilidad no siempre nace de las circunstancias personales, sino también de problemas estructurales que requieren respuestas políticas.
Sin embargo, en lugar de profundizar en las causas, asistimos a una creciente tendencia a señalar a determinados colectivos como responsables de los problemas que afrontamos. La inmigración, la pobreza, las adicciones o los problemas de salud mental se convierten en etiquetas sobre las que proyectamos nuestros miedos y frustraciones.
Y algunos discursos políticos y mediáticos, lejos de ayudarnos a comprender esta complejidad, pueden contribuir a alimentar la polarización, los prejuicios y la idea de que determinadas personas nos están quitando oportunidades, recursos o derechos.
Lo verdaderamente preocupante es lo que sucede después: empezamos a considerar que algunas personas, por su origen, sus circunstancias o sus errores, merecen menos que otras. Que deberían estar en otro lugar. Que no deberían recibir ayuda. Que su situación es exclusivamente responsabilidad suya. Como si la dignidad humana fuera algo que hubiera que ganarse.
Por supuesto, debemos hablar de convivencia, seguridad, responsabilidades individuales y límites. Comprender las circunstancias de una persona no significa justificar sus comportamientos ni negar las consecuencias de sus decisiones.
Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta es cuestionar el derecho de alguien a ser tratado con dignidad.
Quizás deberíamos cambiar algunas de las preguntas que nos hacemos cuando tenemos delante a una persona vulnerable. Antes de preguntarnos qué ha hecho para acabar así, si es culpable o si merece nuestra ayuda, podríamos preguntarnos qué le ha sucedido, qué ha vivido, qué oportunidades ha tenido y cuáles le han faltado.
No se trata de negar la responsabilidad individual, sino de comprender que ninguna vida puede explicarse únicamente a través de sus errores o sus circunstancias más difíciles.
Me preocupa que estemos confundiendo la dureza con la fortaleza, la desconfianza con la prudencia y la indiferencia con el sentido común.
Y quisiera subrayar que esta reflexión no responde a una posición de izquierdas o de derechas, ni pretende alimentar nuevas confrontaciones. Las decisiones políticas pueden y deben debatirse, pero existen principios que deberían trascender nuestras diferencias ideológicas. La dignidad, la solidaridad, el cuidado y el reconocimiento del otro forman parte de los fundamentos de cualquier comunidad humana.
Somos seres sociales e interdependientes. Ninguno de nosotros habría podido desarrollarse, ni siquiera sobrevivir, sin el apoyo de otras personas. Reconocer nuestra vulnerabilidad compartida no es una cuestión de ideología, sino de comprender nuestra propia condición humana.
Una sociedad madura no es aquella que aparta a quienes considera problemáticos o indignos, sino aquella que es capaz de afrontar sus conflictos sin renunciar a sus principios. Que entiende que la solidaridad no exige ingenuidad, que la empatía no significa permisividad y que proteger los derechos de las personas vulnerables no implica desatender los del resto de la ciudadanía.
Desde los recursos sociales vemos cada día algo que a menudo desaparece del debate público: las personas son mucho más que las categorías con las que intentamos explicarlas.
No quisiera que estas palabras contribuyeran a abrir una nueva confrontación, sino que nos invitaran a detenernos y reflexionar. A recuperar una mirada más humana, más consciente y menos condicionada por los prejuicios. A recordar que, por encima de nuestras diferencias, compartimos una misma condición y una necesidad fundamental de los demás.
Quizás la verdadera medida de una comunidad no esté únicamente en su prosperidad o en su capacidad para resolver problemas, sino en cómo trata a quienes atraviesan sus momentos más difíciles.
Porque, al final, la pregunta no debería ser si una persona merece nuestra humanidad, sino qué clase de sociedad estamos construyendo cuando empezamos a negársela.
