Un grupo de policías locales critica la gestión política en Manacor ante la falta de agentes

Hay problemas que pueden aparecer de repente. El de la Policía Local de Manacor no es uno de ellos.
En agosto de 2020, los policías ya salieron a la calle para denunciar la falta de efectivos y medios. La plantilla había pasado de 112 a 85 agentes mientras la población seguía creciendo. No estaban pidiendo privilegios: estaban reclamando poder prestar correctamente el servicio público que tenían encomendado.
Han pasado seis años. Y hay un dato que conviene recordar: quien ocupa hoy la Alcaldía ya la ocupaba entonces. Durante este tiempo han cambiado los responsables políticos que han asumido directamente el área de Policía, pero no la responsabilidad del Gobierno municipal sobre un problema que ya conocía.
Por eso la cuestión política que nadie debería esquivar es sencilla: ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo? Porque ya no resulta suficiente repetir que faltan policías. Esa explicación podía servir para describir el problema en 2020. En 2026 también hay que hablar de las decisiones que se han tomado -y de las que no se han tomado- para solucionarlo.
Y aquí aparece una contradicción difícil de explicar: mientras se afirma que faltan policías, determinadas plazas que habrían permitido incrementar la plantilla se han dejado sin cubrir por decisiones políticas.
Una cosa es querer incorporar personal y no poder hacerlo. Otra muy distinta es denunciar durante años la falta de efectivos y, al mismo tiempo, adoptar decisiones que impiden aumentar la plantilla.
A eso se añaden años de necesidades de personal y estructura y la utilización de horas extraordinarias para sostener servicios ordinarios.
Las advertencias tampoco procedían únicamente de los agentes. El anterior jefe de la Policía Local venía trasladando mediante sucesivos informes las necesidades del cuerpo: falta de efectivos, necesidades estructurales y problemas organizativos que requerían soluciones. Eran las advertencias del máximo responsable profesional de la Policía, realizadas desde el conocimiento directo de la organización. Reclamó soluciones. Puso su cargo a disposición de la Alcaldía. Finalmente dimitió.
Y ese dato resulta difícil de separar de todo lo anterior. Cuando el máximo responsable profesional de una Policía advierte reiteradamente de carencias de personal, estructura y organización, reclama soluciones y acaba dejando el cargo sin que esas necesidades hayan sido resueltas, quizá ya no estemos hablando simplemente de falta de policías. Estamos hablando de gestión.
Quizá tampoco era una señal suficientemente clara. ¿De verdad estamos ante un problema imprevisible? No. Estamos ante un problema conocido y prolongado en el tiempo. Y cuando un problema es conocido durante años y no se resuelve, deja de ser únicamente un problema de recursos. También es un problema de gestión política.
Una Policía necesita agentes, pero también organización, medios, planificación y prioridades. No se puede pretender solucionar todo con horas extraordinarias mientras determinadas plazas permanecen sin cubrir o mientras los recursos disponibles se distribuyen de una manera que genera nuevas carencias. Eso tiene un nombre: responsabilidad política.
También la tiene la situación interna del cuerpo. Una Policía dividida, con conflictos, denuncias por presuntas situaciones de acoso, medidas de protección y expedientes disciplinarios, difícilmente puede funcionar con la cohesión que exige un servicio público esencial. Dirigir no consiste únicamente en ejercer autoridad. También consiste en construir una organización capaz de trabajar unida.
Y hay otra cuestión que no debería olvidarse: el respaldo institucional a los agentes. Cuando un policía actúa dentro de sus competencias y deja constancia de unos hechos en un informe, el respaldo a su actuación profesional no debería depender de si aquello resulta cómodo o incómodo políticamente. Los funcionarios son servidores públicos y responden de sus actuaciones. Los responsables políticos también lo son: han sido elegidos por los ciudadanos para administrar recursos públicos, dirigir servicios públicos y responder por sus decisiones. La responsabilidad funciona en las dos direcciones.
Llegamos a 2026 y aparece una nueva bolsa de horas. Puede ser necesaria. Puede incluso ser imprescindible para garantizar determinados servicios. Pero quizá nos estemos equivocando de noticia.
La noticia no es la bolsa de horas. La bolsa es una medida para atender una necesidad inmediata. La noticia de fondo es que el problema que llevó a los policías delante del Ayuntamiento en 2020 continúa condicionando el servicio seis años después. Porque gobernar no es esperar a que una emergencia se convierta en costumbre para después aprobar medidas extraordinarias. Gobernar es anticiparse, planificar, cubrir plazas, organizar recursos, garantizar medios, fortalecer la estructura y tomar decisiones antes de que el problema llegue a la calle.
En 2020 los policías ya avisaron. Después avisó la propia Jefatura. Hubo informes. Hubo una dimisión. Y hubo tiempo para actuar. Por eso la pregunta ya no es únicamente cuántos policías faltan. La pregunta es qué se ha hecho con un problema que ya se conocía. Porque la política de personal, la cobertura de plazas, la estructura del cuerpo, la distribución de los recursos y el modelo de dirección no los deciden los agentes. Eso corresponde a quienes gestionan.
Al funcionario se le exige que haga su trabajo. Al responsable político hay que exigirle que haga el suyo. La hemeroteca tiene memoria. Y en 2020, la Alcaldía era la misma.

Un grupo de policías locales indignados