SIN RODEOS: El Tribunal Supremo complica “el favor” de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes
Acabadas por fin tantas y tantas fiestas que en Manacor y otras poblaciones de Balears empiezan a mediados de diciembre con las previas de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos y finalizan el 17 de enero con Sant Antoni (casi un mes entero de actos festivos), es hora de poner de nuevo los pies en tierra y afrontar los temas y problemas que tenemos a todo nivel, desde el tan importante como es el económico que sufre la gran mayoría de la ciudadanía española, como otros de política autonómica y nacional, que vale la pena analizar.
Hoy voy a referirme a la nacional. La clara intención del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez, de favorecer a los políticos independentistas y separatistas catalanes, con la absurda reforma del Código Penal y en aras a minimizar las penas que pudieran recaer sobre los organizadores del referéndum ilegal por la independencia de Catalunya, podría no resultar, debido a que los más importantes jueces no lo ven nada claro.
De entrada, un auto firmado por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, es una especie de contrapunto a lo que esperaban Pedro Sánchez y su variopinta mayoría gubernamental, que con la sustitución del delito de sedición por el inventado ”delito de desórdenes agravados”, sancionado con penas muy inferiores al de sedición, favorecerían a los máximos responsables del “Procés” de independencia de Catalunya. Sin embargo, el Juez Llarena ha prescindido del nuevo delito de desórdenes agravados e imputa al fugado expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y otros organizadores del referéndum ilegal, los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, lo que implica penas muy superiores a las del inventado nuevo delito.
Posiblemente el Juez del Tribunal Supremo ha analizado concienzudamente la reforma del Código Penal auspiciada por el Gobierno, y puede que “no le hayan cuadrado los números”. De ahí que su decisión pueda ser entendida por el Gobierno como una especie de golpe bajo, cuando lo que ha demostrado el Juez Llarena es que la Institución Judicial no comulga con los caprichos de los políticos, sean del color que sean. La independencia de la Justicia frente a cualquier poder público o privado es algo innegociable. Y así lo entiende el Juez Pablo Llarena.
Cuando Carles Puigdemont y restantes fugados e imputados por la organización del referéndum ilegal de Catalunya se las prometían felices con el nuevo delito de desórdenes agravados, se habrán quedado con un palmo de narices y quizás deshaciendo las maletas que puede tenían preparadas para volver a España libres como pajaritos, y con el expresident Puigdemont emulando a Tarradellas cuando volvió del exilio al grito de “Ja soc aquí!”.
