Aprobada la ordenanza fiscal y puesta en marcha de las casas y escuelas rurales de Manacor

Este pasado lunes, ‘La Sala’ se reunió al completo para resolver y votar definitivamente la ordenanza fiscal para la tasa de casas y escuelas rurales. Una normativa que se ha ido redactando y que, tras unas alegaciones por parte de algunos miembros de la oposición, se ha decidido llevar a plenario extraordinario con la intención de agilizar trámites y poder ofrecer cuanto antes estas instalaciones a la ciudadanía.
Empezaba pronto el debate y la Maria Antònia Sansó (PP) pedía explicaciones al equipo de gobierno por la desestimación de las alegaciones presentadas, en las que pedían una tasa reducida y prioridad para los residentes. Miquel Oliver, batle de Manacor, tomaba las riendas de la respuesta y explicaba que “tras una valoración técnica, y no política, hay un informe que detalla que no se puede aplicar una tasa diferenciada entre residentes y no residentes”. Desestimadas las alegaciones del Partido Popular, este plenario extraordinario debía decidir si aprobar definitivamente la nueva ordenanza fiscal de casas y escuelas rurales.
“Revisando el expediente y el informe, entendemos que la tasa diferenciada es anticonstitucional, pero revisando esta misma situación con otros municipios resultan aplicar precios para residentes y no residentes” -indagaba la líder del PP. “Las inversiones, el mantenimiento y la limpieza van a cargo de los impuestos que pagan los manacorins y, por ello, como ya están contribuyendo de una forma, creemos que merecen tener un precio reducido o bonificado”. También hacía hincapié la señora Sansó en la larga lista de espera, debido a la amplia demanda de estos espacios, y en la subida del precio general en comparación con otros años.
El batle Oliver contestaba rápidamente a la líder de los Populares: “Me sorprende que ahora vosotros os despertéis con todo esto… los técnicos municipales firman aquello que creen conveniente y legal; cada uno y cada Ajuntament deberá asumir su responsabilidad”. Recalcaba Miquel Oliver que “ojalá fuera posible, pero se trata simplemente de una cuestión técnica; lo intentamos ya con la Escola de Mallorquí, la Escola de Música y ahora las casas y escuelas rurales”. Concluía Oliver diciendo que “me gustaría mucho ser el primer Ajuntament de les Illes Balears en poder distinguir legalmente entre residentes y no residentes”. Por su parte, Maria Antònia Truyols, dirigiéndose a Sansó y algo molesta, señalaba que “por cuestiones jurídicas y legales no se puede llevar a cabo esta diferenciación y discriminación entre residentes y no residentes”.
Dejando ya el ámbito más técnico y detallando lo político referido a la ordenanza, tomaba la palabra Sebastià Llodrà, señalando de primeras al PP por las alegaciones presentadas: “Preguntamos en multitud de ocasiones a la oposición para decidir y llevar el proyecto hacia delante, y nunca este tema que ahora hablamos se discutió ni se comentó”. Algo irritado exclamaba que “algunos pueden pensar que el PP intenta retrasar la puesta en marcha de las casas rurales y escuelas…”.
Tras tanto debate y guerra del PP contra todos, los partidos miembros de la oposición del Pi y AIPC/SyS decidieron votaron a favor, mientras que M.A. Sansó se defendía, indignada, diciendo que “ahora resulta que por hacer nuestra labor como oposición, estamos retrasando tres semanas la puesta en marcha de las casas rurales…”. En definitiva, el batle de Manacor, enfadado y hastiado por la situación tomó la palabra, y dirigiéndose al PP les dijo: “Hoy hacemos este pleno extraordinario que nos costará a las arcas municipales más de 7.000 euros por una caprichosa alegación imposible del Partido Popular”. Con esta rotundez se silenció el pleno y todos votaron a favor, excepto 4 abstenciones del Partido Popular.