El Tribunal Supremo desestima el Recurso interpuesto por parte de quienes habían pretendido cobrar hasta 41 millones de euros por la zona verde cercana a “sa caseta des cilindre” de Manacor

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Antoni Sureda P.

Para sosiego de los ciudadanos y ciudadanas de Manacor, aquella -la más alta- reclamación económica en concepto de expropiación forzosa reclamada al Ayuntamiento de Manacor, por los 12.973 m2 de terreno cercanos a la rotonda que conocemos como “sa caseta des cilindre”, por los que en un principio se llegaron a pedir hasta 41 millones de euros, ha quedado finalmente reducida a 137.659’47 euros.

Felipe Pou

Felipe Pou

Con ello al precio fijado en la valoración inicial del Jurado de Expropiación Forzosa de 141.659’47 euros, valoración aceptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en la sentencia de 26 de abril de 2016 ahora recurrida, habrá que descontar los 4.000 euros a los que son condenadas las sociedades que presentaron el recurso de Casación desestimado por la citada sentencia 293/2018, todo ello en concepto de pago de costas al Ayuntamiento de Manacor.
Llegados a este punto, cabe recordar a nuestros lectores que las sociedades que pusieron el Recurso de Casación 2374/2016, fueron Francisco Suasi e hijos S.L., Mascaró Martorell Inversión S.L., Don Jaime Lliteras Llull, y Goramendi Siglo XXI S.L., siendo todas ellas defendidas por el letrado Juan Mir Cerdó.
Por su parte, el Ayuntamiento de Manacor ha sido representado por la procuradora Doña Alicia Casado Deleito, y defendido por el letrado de dicha administración Don Felipe Pou Catalá y la Administración del Estado.

El Tribunal Supremo considera como rústicos y no como urbanos los terrenos expropiados

Entre los Fundamentos de Derecho en que se basa el alto tribunal para rechazar el Recurso Contencioso Administrativo, destaca la certificación pericial aportada por el Ayuntamiento de Manacor, que desmiente categóricamente la afirmación de los interpelantes, asegurando que estos terrenos debían ser considerados urbanos, ya que solo les faltaba la conexión a los servicios públicos exigidos por la legislación de suelo.
En base a dichos informes periciales, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta interpreta que se trata de una expropiación de suelo rústico, dado que los terrenos expropiados ni cuentan con los servicios legalmente exigidos para poder ser considerados como urbanos, ni tampoco pueden contar con dichos servicios con meras obras de conexión.
La Alcaldesa Catalina Riera, y su delegada de Urbanismo Isabel Febrer, han mostrado su satisfacción por una sentencia que certifica un buen trabajo de los técnicos y juristas municipales. Tanto una como otra consideraron que con esta sentencia, se aleja el peligro de sufrir un colapso económico que hipoteque por muchos años al Ayuntamiento de Manacor.
Indiscutiblemente, los nuevos criterios nacidos de la actual ley del suelo y la posible aprobación del Plan General de Ordenación Urbana -si es que esta vez se cumple con la promesa de elevarlo a Aprobación Provisional-, ayudarán definitivamente a alejar el peligro que se cernía sobre nuestra Administración Municipal.

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