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¿Conflicto institucional o pifiada informativa?
Sobre la anunciada multa de 1.000 euros quincenales al alcalde, si no presenta el proyecto de derribo del puente sobre el Riuet de Porto Cristo
Después de que el Parlament Balear aprobara la semana pasada, y en el día del estreno de Antoni Pastor como portavoz del Partido Popular, la enmienda a la Ley de Carreteras con los votos del Partido Popular y Unió Mallorquina, se suscitaron las lógicas dudas entre la población. Dudas centradas poco más o menos en si respecto a la interrelación entre los poderes legislativo y judicial era primero el huevo o la gallina.
Los hay que defienden que una sentencia firme es una sentencia firme, y no tiene marcha atrás. Pero en ningún caso podemos olvidar que el poder judicial debe inexcusablemente limitarse a aplicar las leyes aprobadas por el legislativo.
En caso de no gustar una nueva ley o la modificación de la misma, sólo cabe un recurso de inconstitucionalidad. De lo contrario se impondría la tiranía de un poder no representativo de la voluntad soberana del pueblo manifestada a través de las urnas.
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